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Durante la presentación del tercer informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, suscrito entre el Gobierno y las Farc, la procuradora General de la Nación Margarita Cabello, advirtió que la seguridad sigue siento el mayor reto y obstáculo para la implementación efectiva de esos compromisos.
La Procuraduría advirtió sobre la “ocurrencia recurrente de eventos de desplazamiento forzado masivo, confinamiento y otras violaciones a los derechos humanos y el incremento en el riesgo para el liderazgo social”.
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n el extenso informe de más de 700 páginas, la Procuraduría citó cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señala que desde el 2016 se han registrado 500 homicidios de líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Esas mismas cifras dicen que sólo en el primer semestre de 2021 se han registrado 118 casos de homicidio de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos de los cuales solamente se han podido verificar 38 casos.
“Se advierte, con preocupación, los homicidios de las personas en proceso de reincorporación, los cuales, desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, ascienden a 278 (270 hombres y 8 mujeres), según el informe trimestral con corte a junio de 2021 de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”, dice el informe.
La Procuraduría también cita cifras del Ministerio de Defensa que da cuenta que entre enero y junio de 2021 se han registrado 17 casos relacionados con masacres u homicidios colectivos, de los cuales se tiene 81 víctimas registradas.
Mientras que la Defensoría del Pueblo advierte sobre 97 eventos de desplazamiento forzado masivo desde enero a junio de 2021 que han dejado 14.208 familias y cerca de 41.999 personas como víctimas.
“Sigue siendo preocupante la persistencia de afectaciones para la población civil por el uso indiscriminado de artefactos explosivos y minas antipersonales, de enero a julio de 20216 se han registrado 84 víctimas”, señaló el informe de la Procuraduría.
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Margarita Cabello advirtió es primordial “acelerar los planes integrales de reparación colectiva e iniciar la implementación del plan nacional de acción en derechos humanos y fortalecimiento”.
Sin embargo, Elmer Quiñonez, coordinador del equipo asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (Ieanpe) que es el mecanismo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) advirtió sobre el olvido del Estado en las comunidades étnicas e indígenas.
“Más de 30 mil desplazados indígenas y grupos étnicos por combates entre grupos armados, la situación que estamos viviendo como pueblos étnicos es una de las más tristes que podamos recordar”, dijo.
Quiñonez también señaló que no han sido efectivas las alertas tempranas elevadas por la Defensoría del Pueblo y que hay riesgo de extinción de muchos pueblos étnicos e indígenas.
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“La situación con relación a la crisis humanitaria en los pueblos indígenas y afrodescendientes se ha agravado. La reforma rural integral no avanza. Hay falta de capacidad financiera para cumplir con sus funciones en materia de tierras. Gran parte de los lideres asesinados son líderes indígenas, se han asesinado 163 líderes entre 2016 y 2018”, puntualizó.
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