Se destraba el debate en la Corte para el blindaje jurídico de los acuerdos

El alto tribunal consideró que no había argumentos de fondo que impidieran a Antonio Lizarazo su participación en el debate sobre la constitucionalidad del acto legislativo 02 de 2017, el cual blinda los acuerdos de paz con las Farc.

Ese mismo argumento tuvo la Corte días atrás cuando también negó la recusación contra la magistrada Cristina Pardo. De esta manera, se destraba el debate constitucional que estuvo paralizado durante cinco semanas.

En la recusación, Ramírez argumentaba que los magistrados Lizarazo y Pardo no debían participar del debate, debido a que previamente lanzaron conceptos sobre los acuerdos de paz siendo Pardo secretaria jurídica del presiente Santos, y Lizarazo siendo asesor del Gobierno en la mesa de negociación de La Habana.

La importancia del acto legislativo 02 de 2017 radica en que establece que los tres periodos presidencias siguientes después de la firma de paz, están sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final.

"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final".

De iguel forma, su artículo 2 señala que "el presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final".

Dicho punto fue discutido en La Habana con el fin de que el acuerdo no fuera modificado por el gobierno de turno, fuera o no opositor al gobierno Santos.