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Ante la polémica que se ha generado en el país por cuenta del anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre que el Gobierno Nacional podría convocar la consular popular por decreto si el Senado no se vuelve a pronunciar sobre la iniciativa antes del primero de junio, la Registraduría se abstuvo de dar una opinión al respecto.
El registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que no se referirá a esta posibilidad que es completamente hipotética. Penagos advierte que no existe un calendario sobre una eventual convocatoria a las urnas, porque no hay un llamado en firme de parte de las autoridades correspondientes.
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“En relación sobre si la consulta se convoca o no, nosotros no vamos, por lo menos en este momento, a opinar sobre hipotéticos, vamos a esperar qué ocurre en los próximos días”, indicó.
Y añadió: “en su debido momento la Registraduría expresará lo que a bien tenga sobre ese particular. Hoy, como quiera que no hay un acto administrativo válido, la Registraduría, como lo he dicho desde hace ya varias semanas, no tiene construido un calendario”.
Dijo que si la consulta popular llega a ser convocada, tendrán que construir un calendario en el que se especifiquen los tiempos y los recursos que se necesitan para llevar a cabo este proceso en todo el país.
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“Ese calendario se construye en la medida en que ocurran circunstancias relativas al proceso. Luego, insisto, no tenemos como mayor opinión sobre una circunstancia que aún no ha ocurrido”, manifestó.
Fuentes han indicado que la realización de la consulta popular podría costarle al Estado alrededor de 750.000 millones de pesos y se necesitarían mínimo tres meses para organizar la logística de todo el proceso.
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