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El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los cuestionamientos formulados por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, sobre un proceso de licitación para garantizar la logística de las elecciones de Juntas Administradoras Locales (J.A.L.) que fue adjudicado a la Unión Temporal Disproel, de la cual forma parte la firma Thomas Greg & Sons.
El funcionario aseguró que durante el proceso hubo acompañamiento permanente de la Procuraduría, entidad que certificó que la licitación fue transparente y agregó que las afirmaciones de Idárraga “no tienen fundamento desde la legalidad”.
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“¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Pues ante los órganos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario del Gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales. Por lo menos que yo sepa, eso es una tarea de los órganos de control y cuando ellos lo estimen pertinente, más de 20 funcionarios que han construido este proceso y han trabajado con mucho juicio, estarán atentos a asistir”, aseguró Penagos.
El funcionario defendió el proceso electoral de 2026, en el que se escogerá al próximo presidente y a los congresistas, asegurando que no puede haber ninguna duda sobre la organización del mismo.
“No podemos tener ninguna duda de la integridad del proceso electoral de 2026. Vamos a defender con toda determinación la independencia de la Registraduría”, afirmó el registrador.
Sin embargo, advirtió que para garantizar el calendario electoral, el Ministerio de Hacienda debe asegurar la apropiación de 3,2 billones de pesos establecidos en el presupuesto de 2025.
"La Registraduría deberá solicitar a Hacienda que apropie y autorice la utilización de los recursos. Si nos autorizan de manera rápida, tendremos un proceso amplio con el tiempo suficiente", aseguró.
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Finalmente, el registrador nacional pidió convocar antes de finalizar 2024, una comisión de seguimiento electoral para identificar las zonas de riesgo por orden público de cara a las próximas elecciones.
“Que sea el Gobierno y la Fuerza Pública quienes nos vayan identificando cuáles son las zonas en las que tenemos que prender las alarmas”, concluyó.
