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La Auditoría General de la República adelantó un análisis de la contratación pública realizada entre marzo y abril del presente año, en el que se encontraron varias irregularidades, principalmente en contratos que se han firmado para atender la pandemia de la COVID-19.
Los funcionarios de la entidad analizaron cientos de contratos por un monto que asciende a los 577.000 millones de pesos, encontrando que los departamentos en donde más recursos se comprometieron fueron: Valle del Cauca con más de 50.000 millones de pesos a través de 222 contratos; Magdalena con más de 44.000 millones de pesos y Cundinamarca con más de 41.000 millones de pesos.
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Al organismo de control le llamaron la atención los sobrecostos en implementos básicos de bioseguridad, por ejemplo, el costo promedio de un tapabocas N95 es de 20.000 pesos, pero en la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un precio unitario de 48.000 pesos; en Villanueva se compró una cantidad similar pero por un valor de 27.000 pesos; y en el municipio de Leyva se adquirieron a 24 mil pesos.
Igualmente, se encontraron irregularidades en los precios de los mercados, pues el costo promedio de los kits alimentarios que está calculado por regiones es de 60.720 pesos, pero se encuentran excepciones como en el Pacífico, donde un mercado tenía un costo de 117.000 pesos en promedio; o la región Centro Sur, con costo promedio de 100 mil pesos.
Otro aspecto que le resultó inquietante a la Auditoría, es el relacionado con el pago de anticipos, el ranking por este concepto lo lidera Casanare con 4.930 millones de pesos, seguido de La Guajira con 3.860 millones de pesos y Sucre con 3.780 millones de pesos.
“Si bien pactar anticipos no es ilegal, estos deben utilizarse exclusivamente para atender el objeto y obligaciones del contrato respectivo y es ahí donde los órganos de control deben estar atentos para verificar que estos recursos no se desvíen para fines distintos”, indicó la Auditora General, Alma Carmenza Erazo.
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También se encontró que en departamentos como La Guajira, Sucre, Meta y Santander, se hicieron inversiones bastante importantes, considerando que los valores pactados en las contrataciones eran muy superiores, si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes de estas zonas.
“De los 20 municipios con mayor contratación de la muestra, es llamativo que Coveñas, con una población de 20.000 habitantes, tiene contratos por más de mil millones de pesos, muy por encima de San Juan de Pasto, que tiene una población 21 veces mayor”, advierte la jefe del ente de control y vigilancia, concluyó la funcionaria.
