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Omega Buildings es una de las empresas que hace parte del consorcio Centros Poblados con un 15 % de participación. Su historia se acerca a Barranquilla en donde aparece registrada con actividades que son esencialmente dirigidas a la construcción.
“Construcción de edificios, construcción de corredores, construcción de obras de ingeniería y comercio al por mayor de materiales de construcción”, señala la organización empresarial en el Registro Mercantil.
Su representante legal es Rafael Enrique Romero Payares y su representante legal suplente, Álvaro Eduardo Torres Buelvas. Aunque de ambos existe poca información, encontramos la pista de algunos de los contratos en los que Omega ha participado junto a otras empresas para ganarse licitaciones en el Estado Colombiano y, de nuevo, una alerta en un proceso contractual por la ausencia de certificaciones de uno de los revisores fiscales de la empresa.
En 2020 aparece como uno de los miembros del Consorcio construcciones 2020 con el IDU para “ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla vial arterial en la ciudad de Bogotá en los grupos 1 y 2”.
Ese contrato se dividió para el grupo 1 de áreas a intervenir en 9.125 millones y en el grupo 2 por 8.571 millones. En total Omega tuvo participación en este contrato para 17.696 millones de pesos.
Omega Buildings aparece, además, participando en otro contrato para la “recuperación de la estructura de pavimento de las vías del área metropolitana de Bucaramanga intervenido por el mantenimiento de la red de distribución”.
La experiencia de Omega no reporta ningún contrato cercano al del sector TIC en internet o comunicaciones, tal como ocurrió en el caso de la empresa INTEC de la Costa que al igual que OMEGA es especializada en construcción.
Un dato que llama la atención es que Omega está relacionado con otra licitación al consorcio Sabana Caribe para la contratación del "diagnóstico, la estructuración de proyectos y la construcción de soluciones de vivienda de interés social rural, correspondientes a los proyectos validados y verificados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, correspondientes a los proyectos validados y verificados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con cargo a los subsidios de la vigencia 2019”.
Allí, Fiduagraria, la entidad encargada de este proyecto, le hizo una observación directa.
“El consorcio Omega Buildings no presenta en su certificado de existencia y representación legal, inscripción de revisor fiscal, por lo que deben aclarar esta situación aportando certificado donde conste inscrito el señor Julio Simón Camargo Escobar o aportar certificado de pagos suscrito por el representante legal indicando las razones por las cuales no cuenta con revisor fiscal inscrito en el registro mercantil”, resaltó la entidad.
Finalmente, otra revelación importante es que el representante legal de esta compañía tuvo un contrato por prestación de servicios con la CAR de Cundinamarca por 32 millones de pesos para 8 meses en junio de 2019, pero fue liquidado en diciembre de ese año.
El contrato era para el apoyo en la dirección administrativa y financiera en los procesos de conciliación de inventario, propiedad, planta y equipos. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, deberá responder ante el Congreso cómo una empresa con poca experiencia en construcción y nula experiencia en el sector TIC se asoció con otras similares para conectar aulas sin que hubiese réplica de parte de la cartera.
