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El proyecto Aquarela de Cartagena, la polémica obra en inmediaciones del Castillo de San Felipe y sobre el cual la Unesco ha levantado el grito en el cielo, enfrenta su día decisivo.
Este martes se realizará la novena audiencia policial con el previo pronunciamiento del Instituto Agustín Codazzi. El organismo desmintió el contenido de un informe, divulgado por la firma que construye el edificio Aquarela de Cartagena, según el cual el proyecto supuestamente cumple con los lineamientos de la licencia de construcción en la ciudad. "El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC se permite aclarar a la opinión pública que frente al caso del Edificio Aquarela NO es cierto que haya concluido que la Torre 1 si cumplía con la licencia de construcción", señaló.
Aquarela en Cartagena es un proyecto inmobiliario de vivienda. La Unesco y la Procuraduría han llamado la atención sobre la afectación por contaminación visual que generarán las cuatro torres de 31 y 32 pisos, con casi 94 metros de altura y 772 apartamentos.
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Las más de 3.000 personas que ocuparían las viviendas representan una carga poblacional adicional que podría impactar negativamente la calidad de vida de los habitantes del sector. Hasta el momento hay construida una torre. En abril de 2018, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a un curador urbano y dos funcionarios de Cartagena por las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del edificio Aquarela.
La decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Cartagena afecta al curador urbano número 1 de esa ciudad, Ronal Llamas Bustos, al Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital, Corvivienda, Alberto Vélez Carrasquilla, y al Jefe de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural, Alfonso Rafael Cabrera Cruz.
Con la apertura de investigación el Ministerio Público busca establecer si los conceptos y actos administrativos expedidos por los ahora investigados en torno al proyecto Aquarela se ajustaron al Plan de Ordenamiento Territorial y a las normas vigentes para la fecha en que se firmaron, y si se realizaron como resultado de un ejercicio eficiente de la función pública.
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Hace un año, el Ministerio Público le solicitó al Juez Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena suspender de manera inmediata la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar, ubicado en el barrio Torices de la capital de Bolívar, con el fin de proteger los derechos e intereses superiores de la Nación.
Como medida cautelar solicitó la suspensión de las resoluciones que otorgaron las licencias de construcción y modificaron el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como la cesación inmediata de las obras que adelanta el constructor. De no adoptarse, dijo entonces la Procuraduría, se podría generar un grave perjuicio a las familias que adquieran de buena fe los apartamentos.
El Ministerio Público indicó que con la licencia que otorgó la Curaduría Urbana No 1 se vulneraron gravemente los derechos e intereses colectivos a la moralidad pública, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, del patrimonio cultural e histórico de la Nación, y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia del beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
La solicitud de la Procuraduría fue presentada en apoyo a la petición hecha por el Ministerio de Cultura, que actúa como parte demandante ante el Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena. A juicio del Ministerio Público la construcción del complejo habitacional representa una grave amenaza para la conservación y protección del Centro Histórico de Cartagena y su zona de influencia, pues las cuatro torres impiden drásticamente la visibilidad desde el centro histórico hacia el Castillo de San Felipe de Barajas, y viceversa, con lo cual se afectan notablemente las características arquitectónicas y urbanas de la ciudad antigua en su conjunto.
Para el Ministerio Público preocupa y alarma la falta de medidas oportunas y urgentes encaminadas a prevenir la inminente afectación del paisaje urbano en el Paseo Bolívar, la alteración del estado emocional de los ciudadanos, y la pérdida del valor escénico o paisajístico que puede repercutir negativamente en el potencial turístico y económico del centro histórico de Cartagena, especialmente en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas.
En su intervención, la Procuraduría dejó ver que la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena al expedir la circular que creaba, modificaba y complementaba las normas del POT de la ciudad, no respetó las disposiciones sobre protección del patrimonio cultural, las cuales prevalecen frente las normas de ordenamiento del territorio.
Adicionalmente, se atribuyó la facultad de modificar o adicionar el POT, con lo que otorgó la posibilidad de construir viviendas de interés social sin limitaciones en su altura, trasgrediendo las disposiciones existentes para la construcción de vivienda multifamiliar en el barrio Torices.
Al margen de ello, Pedrito Pereira, alcalde de Cartagena, dijo que una vez se conozca la decisión será su despacho quien haga las veces de una siguiente instancia. Escuche aquí sus argumentos
