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El Gobierno Nacional puso en marcha el polémico protocolo que contiene los lineamientos para adelantar la protesta social en Colombia, que estaba congelado debido a los reparos expresados por algunos sectores.
Se trata de una compilación de las normas ya existentes para entregar garantías a las movilizaciones que se adelanten en el territorio nacional de manera pacífica.
“Esta es la resolución por medio de la cual se adopta el protocolo de protesta pacífica. Es una compilación de las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la actuación de autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”, escribió el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en su cuenta de Twitter.
La resolución aclara que no se trata de una regulación, sino de una “guía metodologíca que no modifica norma alguna de rango superior, sino que compila las leyes vigentes y jurisprudencia pertinente, respetando el marco de competencia y autonomía de las diferentes entidades”.
Allí se establece que el uso de la fuerza o la presencia del Esmad, será el ultimo recurso y solo se utilizaría en situaciones de violencia durante las manifestaciones.
De igual forma, se establecen medidas para garantizar los derechos de las personas que no estén participando en las movilizaciones sociales.
Además, se establece la creación de la figura de gestores de convivencia, quienes tendrán contacto directo con la Fuerza Pública para evitar que las cosas se salgan de control.
Los gobernadores y alcaldes del país se habían opuesto a la expedición de este protocolo, argumentando que les quita autonomía para atender este tipo de eventos.
