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La petición emitida por el ministerio público busca dar cumplimiento al mandato constitucional de "proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica".
De acuerdo con información suministrada por el órgano de control, solamente hay cuatro uniformados adscritos a la Policía Ambiental y Ecológica, "los cuales no pueden ejercer su labor de manera efectiva, pues los delitos ambientales que se cometen desbordan el número de funcionarios destinados a reprimir las conductas atentatorias del mismo".
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, recordó que la Ley 1801 de 2016 correspondiente al Código Nacional de Policía y Convivencia, incorporó el componente ambiental dentro del concepto de convivencia e incluyó contravenciones ambientales que ameritan intervención policial tales como: contaminación o derroche del recurso agua, contaminación del aire por ruido y olores ofensivos, minería ilegal, mala disposición de residuos, entre otras.
El funcionario explicó que el Estado tiene el deber de "planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución y la obligación de prevenir y controlar el deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
