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Este equipo está conformado por los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa, para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, la Procuradora Regional de Bolívar y el Procurador Provincial de Cartagena.
De igual modo, el ente de control asignó a los Procuradores Judiciales Laborales de Cartagena para que asuman directamente “la representación de las víctimas en los procesos judiciales que se estimen pertinentes en cada uno de los casos”.
El Ministerio Público también solicitó a la Cartera Laboral “identificar en Cartagena las constructoras piratas” a fin de sancionarlas y clausurarlas definitivamente, así como pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar “un seguimiento y vigilancia especial a los hospitales y centros médicos donde están siendo atendidos los trabajadores heridos, para que se garantice una atención oportuna y de calidad”.
Además de estas acciones, a través de la Procuraduría Regional de Bolívar se elevó requerimiento a la Alcaldía Distrital de Cartagena para que “adopte las medidas necesarias de desalojo y reubicación de las familias vecinas al edificio que se desplomó”, y que la Administración Distrital “deberá informar sobre los planes de contingencia adoptados para identificar y valorar el estado de construcciones y/o edificaciones presuntamente riesgosas, a efectos de determinar si se encuentra en peligro la integridad física de las personas que habitan o laboran en esos inmuebles”.
De igual modo, el órgano de control ordenó visitas a más de siete dependencias de la Alcaldía de Cartagena, para recaudar “el mayor número de pruebas” para determinar la existencia de faltas disciplinarias.
“La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa asumió directamente las diligencias adelantadas por la Provincial y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Distrital, que se sumarán a la indagación preliminar que se adelanta en contra del Alcalde Distrital, Manuel Duque, y otros funcionarios que puedan resultar implicados”, indicó.
Señaló también que ordenó la realización de visitas construcciones, que al parecer, presentan irregularidades en su construcción, entre las que se encuentra el Edificio Shalom del Barrio el Recreo y al predio ubicado en el Barrio Blas de Lezo Manzana C Lote 4, Calle 25.
Finalmente, el Ministerio Público solicitará al Gobierno nacional la revisión de Decreto 1469 de 2010 para “evitar que el trámite de reconocimiento de inmuebles construidos sin previa licencia sea posterior y se preste para el saneamiento de construcciones ilegales”; reiterando que “toda construcción, sin excepción alguna, deberá contar con una licencia previa otorgada por la autoridad competente”.
