Procuraduría alerta sobre incumplimiento del gobierno en delimitaciones del Páramo de Santurbán

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron el Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento sobre la delimitación del páramo de Santurbán, en el marco de la Sentencia T-361 de 2017.

Según el informe, correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2024, el avance en este proceso es alarmantemente bajo, lo que pone en riesgo uno de los ecosistemas más estratégicos del país y los derechos de las comunidades locales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) planteó inicialmente un cronograma con 30 mesas de trabajo; sin embargo, hasta la fecha solo se ha llevado a cabo una, lo que representa un cumplimiento de apenas el 3,33 %.

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Además, el informe alerta sobre la grave situación ambiental en el páramo, donde se registra minería ilegal extendida y altos niveles de contaminación por mercurio en las fuentes hídricas.

Los niveles de mercurio superan hasta 40 veces los límites internacionales permitidos, lo que impacta tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades que dependen del agua proveniente de este ecosistema.

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Ante esta crisis, las entidades hicieron un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Santander para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Propusieron imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de medidas sancionatorias para el Ministerio, debido al reiterado incumplimiento del cronograma.

La Procuraduría y la Defensoría subrayaron la importancia de asegurar una participación ciudadana efectiva en el proceso de delimitación. Insistieron en que las comunidades afectadas deben ser escuchadas y que sus derechos fundamentales deben ser priorizados en este procedimiento.

Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, señaló que la delimitación del páramo es una deuda pendiente desde hace más de una década.

Finalmente, la entidad afirmó que “es imperativo culminar este proceso para garantizar la protección del ecosistema y de los derechos de las comunidades que dependen de él”, concluyó Guerrero.