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La Procuraduria General de la Nación admitió la petición de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para adelantar una conciliación extrajudicial con los constructores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango ubicado sobre el río Cauca entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia.
La primera audiencia de conciliación quedó programada para el miércoles 21 de octubre desde las 9:00 de la mañana de forma virtual dada la contingencia por la pandemia del coronavirus.
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Esa conciliación se desprendería de la millonaria demanda por $9.9 billones de pesos, que EPM presentó contra los empresarios que lideran el proyecto eléctrico.
El procurador especial designado por el procurador Fernando Carrillo para adelantar la conciliación no descarta realizar mesas de trabajo preliminares “convocadas por el procurador delegado para la conciliación administrativa, en aras de contribuir en la estructuración de un eventual acuerdo conciliatorio”.
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El pleito entre EPM y los empresarios se generó por los constantes retrasos de la obra, a raíz de los perjuicios ocasionados en el 2018, por el colapso de uno de los túneles de la estructura, lo que llevó a riesgos ambientales y sociales aguas abajo de la construcción.
De no prosperar la conciliación, EPM anunció una demanda contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango, por $9,9 billones de pesos.
Según ha trascendido, uno de los abogados que hará parte del equipo de EPM es el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal.
Sobre la licencia ambiental otorgada al megaproyecto expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, (Anla), a través de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, cursa en el Consejo de Estado una demanda.
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La demanda fue interpuesta por las comunidades del Cañón del Río Cauca aledaños al proyecto hidroeléctrico quienes dicen estar en permanente riesgo por la posible inestabilidad del muro.
Las mismas comunidades dicen que han tenido que enfrentar afectaciones en su salud, vivienda, trabajo y acceso a fuentes de agua por la actividad y el represamiento del río.
