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La procuradora general, Margarita Cabello, se refirió a la urgencia de avanzar hacia la transición energética sin abandonar las exploraciones de petróleo y gas, debido a que solo de esta manera se garantizaría el acceso a este servicio.
En el marco del Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales Ambientales, Minero energéticos y Agrarios desarrollado en la ciudad de Santa Marta, la funcionaria señaló que “detectamos la necesidad urgente de supervisar la política de transición energética enfocada en la necesidad de aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables".
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"Pero garantizando la seguridad energética de los colombianos, lo cual requiere que se siga explorando y explotando no solo gas, sino también petróleo” agregó.
Cabello explicó que en el proceso de cambio de una forma de producción de energía a otra, debe haber una armonización con las energías fósiles.
“La Procuraduría está terminando un informe con recomendaciones de políticas públicas a través de 12 mesas de trabajo con el Ministerio de Minas que agilizó los trámites ambientales para viabilizar los proyectos de energía renovable” precisó.
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Demoras en la entrega de licencias ambientales
Durante el encuentro, la funcionaria calificó de peligrosa la demora en la entrega de licencias ambientales, agregando que en muchas ocasiones cuando están listas para salir, hay una “orden superior” que estipula suspender la licencia respectiva.
“A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando con La Mojana, el Canal del Dique y Uchuva- 2, y en muchas partes donde licencias ambientales que deberían sacarse en 3 meses, se están demorando hasta 2 años y cuando están listas para salir hay una orden superior que ordenan entregar la licencia respectiva, eso es peligroso”, afirmó.
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Minería ilegal
La procuradora general, Margarita Cabello, destacó el fortalecimiento del sistema de control y fiscalización de actividades mineras ilegales. “A través de la coordinación con las autoridades locales, se intensificó la supervisión y el monitoreo en las zonas críticas afectadas por la minería ilegal, especialmente, en áreas de ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas, como es el caso del río Suratá”, añadió.
A su vez, resaltó los planes de monitoreo gestionados en las fuentes hídricas que abastecen Cali y Bucaramanga, afectadas por la minería ilegal en el país; la instalación de la única unidad de almacenamiento de mercurio en Colombia y la emisión del nuevo decreto sobre la destrucción de maquinaria amarilla usada en minería ilegal, que permite al Ejército Nacional ejercer dicha labor.
“La lucha contra la minería ilegal es un flagelo que arrasa con ecosistemas enteros y pone en peligro la salud de los ciudadanos, es uno de los ejes centrales de nuestra Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio”, explicó.
Finalmente, la funcionaria también mencionó los retos de la justicia en asuntos medioambientales, los desafíos constitucionales de la transición energética y el cambio climático, así como la importancia de los asuntos ambientales en la vigilancia preventiva de la función pública.
