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El procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que este organismo adoptará decisiones contundentes dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta para establecer responsabilidades por el daño ambiental causado por el afloramiento de crudo del pozo Lizama 158, corregimiento La Fortuna, cerca de Barrancabermeja, Santander.
“Aquí hay indiscutiblemente negligencia muy grande de varias agencias del Estado. Aquí hay responsabilidad de Ecopetrol, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y una gran responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Santander”, dijo Carrillo.
Igualmente, señaló que los investigadores de la Procuraduría practican distintas labores judiciales para determinar cuál es la responsabilidad en todo este caso del Ministerio de Ambiente.
“Vamos a ser bastante rigurosos y contundentes en las decisiones disciplinarias que vamos a tomar en esa materia, una vez, terminemos con esa investigación”, agregó.
En torno a este caso, un grupo especializado de la Fiscalía General también avanzan en la practica de estudios y análisis técnicos en terreno en inmediaciones del pozo Lizama 158.
Para acelerar las investigaciones fue dispuesta la conformación de un equipo especial integrado por un perito químico, un microbiólogo, un topógrafo y siete investigadores de policía judicial con el fin de determinar posibles responsabilidades penales por el daño ambiental causado.
En los primeros informes de los investigadores y luego de las inspecciones adelantadas a la zona del pozo Lizama se señala que “La Fiscalía evidenció que hoy no hay afloramiento de crudo o gases”.
Asimismo, la Fiscalía de la Dirección de Derechos humanos, adscrita al eje temático de Medio Ambiente, que coordina el proceso, ordenó la recolección de otra serie de elementos, documentos y otras pruebas en Ecopetrol, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El objetivo es identificar el daño causado al medio ambiente como consecuencia de los centenares de barriles de crudo que cayeron a los cuerpos de agua que terminaron por afectar a la quebrada Lisama y el propio río Sogamoso.
En desarrollo de la investigación de la Fiscalía también se prevé la toma de entrevistas y declaraciones juramentadas a los funcionarios responsables del manejo adecuado del pozo 158 y de los pobladores afectados.
La investigación penal gira en torno a la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
