Preparan sanciones para quien discrimine al personal de salud

El Gobierno no tolerará los actos de discriminación contra los médicos, personal de enfermería y demás trabajadores de la salud, que son los que están enfrentando la primera línea de contención del coronavirus en el país.

Es por esto que la ministra del Interior, Alicia Arango, anunció que están preparando medidas para aplicar duras sanciones a las personas que incurran en esta práctica.

“El personal de salud ha sufrido una discriminación muy fuerte, por parte de los ciudadanos, al punto que no los dejan entrar a veces a los supermercados o a las tiendas o no los dejan entrar a ninguna parte. Eso ya se va a sancionar, no se pueden discriminar a esas personas, son los que nos están salvando la vida y los debemos ayudar”, indicó.

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Para establecer los castigos correspondientes, la funcionaria invitó a los ciudadanos a interponer las denuncias respectivas ante las autoridades.

“Va a tener sanción quien haga discriminación a los médicos, por lo tanto tenemos que recibir las denuncias respectivas, no solamente de ellos que las sufren, sino de personas que sean testigos de lo que está pasando”, manifestó.

El senador Santiago Valencia había propuesto introducir una causal de agravación punitiva en la ley antidiscriminación, para sancionar hasta con cárcel a quienes agredan a los profesionales de la salud.

“Es aceptada por el Gobierno Nacional mi propuesta de incluir una nueva causal de agravación al delito de acciones de discriminación, cuando se cometa en contra del Talento Humano en Salud”, indicó el congresista.

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En el planteamiento que fue enviado al Gobierno, Valencia propuso que si la conducta de agresión recae sobre una persona que ejerza profesión u oficio relacionado con el sector salud en actividades vinculadas a enfermedades contagiosas, la misma debe ser objeto de sanción penal.

Según el Código, quienes incurran en discriminación, podrían enfrentar prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y una multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.