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Jorge Eliecer Ramírez Mosquera, alcalde del municipio de Candelaria (Valle del Cauca), se entregó ante la Fiscalía General de la Nación, al conocer varias investigaciones en su contra por corrupción.
Las autoridades también capturaron a Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación; Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias; Jhonatan Ortiz Libreros, contratista Oficina de Infraestructura; José Ulises Asprilla Cárdenas y Jimmy Paz Castillo, contratistas.
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Según el ente investigador, la orden de captura contra Wilson Suárez Betancourt, secretario de Infraestructura, no se hizo efectiva a causa de la fuga del sindicado.
Las investigaciones en contra de los funcionarios de la administración municipal, iniciaron luego de las denuncias de líderes sociales y ciudadanos, por supuestas irregularidades en la contratación que permitieron descubrir actos de corrupción en la planeación y ejecución de proyectos, como mantenimiento de vías y la construcción de canchas de fútbol.
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De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, el primer contrato investigado es de noviembre del 2019, el cual contempló la construcción de tres canchas de fútbol con baterías de baños y graderías con un valor definido que ascendió a 229 millones de pesos. El tiempo de ejecución era de un mes pero los escenarios deportivos no fueron terminados, sin embargo, la administración municipal concedió más recursos y plazos al contratista. La obra nunca culminó en su totalidad.
“El segundo contrato buscaba el mantenimiento de vías terciarías y se pactó un mes para su terminación, pero hay suficiente evidencia que indica que este proceso fue direccionado a un mismo contratista. En los dos casos, los funcionarios públicos encargados de las etapas precontractual y de ejecución, supuestamente, favorecieron al señor José Ulises Asprilla Cárdenas para que se quedara con los dos mencionados contratos. Al parecer, ajustaron las normas existentes de contratación para beneficiarlo, falsificaron firmas y documentos, incurrieron en suplantaciones, y no ejercieron control ni supervisión”, dice la Fiscalía.
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Los líderes sociales Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, quienes fueron asesinados el 30 enero de 2020, habían denunciado estas irregularidades.
