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La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de la que hace parte la Contraloría General de la República, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, expresó su preocupación por la situación de amenazas y homicidios de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, en el país.
"Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, la cifra de homicidios entre el 2016 y el 5 de julio de 2017 asciende a 186 personas. De otra parte las víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial", señala el reporte.
El informe indica además que las estrategias de recuperación emocional y el Programa de Atención Psicosocial Integral a las Víctimas, no tienen mayor cobertura y su implementación se retrasa cada año por aspectos contractuales y presupuestales.
La Comisión afirma que "el panorama es aún más preocupante frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales".
Presupuesto
El informe señala también que la Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria.
Indica además que las dificultades presupuestales y de articulación y coordinación impiden avanzar en resultados.
"A la fecha ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado. Se ha iniciado un proceso de reelaboración de los planes de reparación colectiva por la incapacidad material de cumplir con los compromisos incluidos en los planes y en algunos casos persisten las críticas porque la implementación de las medidas no consulta con las necesidades reales de las víctimas y las particularidades de sus territorios", sostiene el reporte.
Sostiene la Comisión que los recursos financieros que no dependen del Sistema General de Participaciones se han reducido, a lo que se suman las restricciones financieras del Estado en la actual coyuntura; lo cual hace improbable un incremento de recursos para la reparación integral, que respecto de la medida de indemnización apenas alcanza el 7% de la población.
El reporte también advierte que "la ausencia de un plan financiero específico (CONPES) para la población víctima étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los Decretos Ley. Tanto así que la restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016".
