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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación “por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de Derechos Humanos” y calificó como irrespetuoso que el Congreso de la República haya impedido la posesión de magistrados de la JEP y peligroso que el ministro Luis Carlos Villegas justifique los asesinatos.
En un comunicado, la ONU señala que, según su trabajo en terreno, hasta este 20 de diciembre, se han registrado 105 homicidios de defensores de Derechos Humanos y líderes, “incluidos 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación”.
La Oficina recuerda que recientemente “miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho”.
Así mismo, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia rechazó, sin mencionar su nombre, las declaraciones del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, al señalar que, “otros altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debido a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”.
La ONU advierte que “para combatir esta peligrosa práctica es necesario que los funcionarios públicos acaten la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación, del 14 de junio de 2017"
Agrega que los asesinatos de líderes y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc “y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada y por ejercer labores de defensa de los Derechos Humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad”.
Acota el reporte, que un 59% de los asesinatos fueron perpetrados por sicarios y en razón de su labor en la defensa de los derechos de todas las personas.
El asesinato de defensores de Derechos Humanos en Colombia es muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos asesinatos se cometen en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de los Derechos Humanos.
Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de Derechos Humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del Gobierno. Además, la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario deben ser consideradas por las autoridades estatales en su conjunto.
La Oficina de ONU Derechos Humanos reitera que “ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la construcción de una paz sostenible”.
Finalmente, reitera que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de Derechos Humanos “implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos”.
