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Un Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de "la situación de derechos humanos en Colombia en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia en 2017". Según se informa, se trata de presentar un balance del organismo del primer año de implementación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo de paz.
"El presente informe se basa en la observación de la situación de derechos humanos en Colombia por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017", señala.
Dentro de los resultados más importantes, el informe da cuenta de cómo existen preocupaciones del organismo que se constituyen en "desafíos para la implementación del Acuerdo en materia de garantías de no repetición".
"La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista", dice.
"De los defensores asesinados catorce fueron mujeres, lo cual dobla el porcentaje de mujeres defensores asesinadas en comparación con el año pasado. Tres de las víctimas eran miembros de la población LGBTI. Las categorías de defensores más afectados por los atentados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales", agrega.
En el punto denominado, "Desvinculación de niños y niñas", el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala: "El Acuerdo y el derecho internacional de los derechos humanos obligan a respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las Farc-EP. No obstante, hasta el momento no se ha respetado en su totalidad este principio".
Y hace especial énfasis en lo siguiente: "Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al 31 de diciembre de 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las Farc-EP (75 niñas y 60 niños). La OACNUDH recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caqueta y Meta".
"Aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción mas recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia. Por lo tanto, es necesario garantizar la plena implementación del Acuerdo para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos de los niños cuando regresan a sus familias. Aquellos que permanecieron en los centros de separación-desvinculación tienen mejor acceso a la salud y la educación pero a menudo se encuentran lejos de sus familias y comunidades", señala la ONU.
"En 2017 la OACNUDH recibó información, a través de sus presencias en el terreno, que indican la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan exmiembros de las Farc-EP. Adicionalmente, el ELN y los grupos criminales siguen reclutando y utilizando a los niños", agrega.
Lea aquí el informe completo presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
