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El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) junto con la ONG Temblores, documentaron que durante el paro nacional se han registrado 51 asesinatos.
Entre los homicidios se logró establecer que por lo menos en 43 de los casos estarían involucrados, al parecer, uniformados de la Policía y el Esmad.
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Entre las muertes que se registraron se encuentra la de Santiago Murillo, joven de 19 años que fue asesinado en la ciudad de Ibagué, el sábado primero de mayo en medio de las manifestaciones de protesta.
Ante un juez con Función de Control de Garantías de Ibagué, la delegada de la Fiscalía que tiene a su cargo la investigación por la muerte de la víctima, reveló que se han recopilado pruebas contundentes que relacionan al mayor de la Policía, Jorge Mario Molano Bedoya, con el crimen.
Según explicó en medio de la audiencia, la Fiscalía tiene pruebas contundentes que advierten que al parecer el oficial disparó contra el joven mientras este caminaba en cercanías de una reconocida librería ubicada en la calle 60 con carrera quinta de esa ciudad.
Además se conoció que Murillo no estaba participando de la manifestación y de ningún otro hecho relacionado con la protesta.
La delegada de la Fiscalía reseñó además, que cuando el joven cayó al piso gravemente lesionado, personas que se encontraban en la zona pidieron ayuda a los uniformados sin obtener ningún resultado.
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Tras 28 minutos en labores de reanimación en la clínica a la que fue trasladado, murió Santiago Murillo.
La Fiscalía tiene varios videos y testimonios como parte de las evidencias que se recopilaron para esclarecer el crimen.
En ese sentido, el juez de Control de Garantías remitió a la Corte Constitucional el expediente sobre el caso para que dirima el conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la ordinaria.
Indepaz y Temblores también verificó que ocurrieron 2.387 casos de violencia policial entre los que destacan 33 lesiones en los ojos.
De otro lado, se conoció que entre el 28 de abril y el 18 de mayo, han sido asesinados 9 líderes sociales y defensores de derechos humanos y dos excombatientes de las Farc.
