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El Proceso Social de Garantías aseguró que en Antioquia 3 mil 900 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado este año en regiones como Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Occidente.
El caso más reciente ocurrió hace una semana en Tarazá, donde dos familias conformadas por 16 personas tuvieron que salir de sus casas por temor a grupos armados y tras el asesinato de uno de sus miembros.
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El vocero de la ONG, Óscar Yesid Zapata, aseguró que la mayoría de los desplazamientos han ocurrido en municipios como Ituango, Peque, Tarazá y dos en Cáceres, considerados corredores para las rentas ilícitas y con injerencia de grupos como el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc.
"Se han presentado ocho eventos de desplazamiento forzado masivo que han dejado a cerca de 3 mil 900 personas en situación de desplazamientos (...). Todas coinciden en zonas territoriales de disputas de AGC y Disidencias, con el Nudo de Paramillo, corredores estratégicos y hay proyectos mineros. Esto obedece a la omisión del Estado. Pese a las alertas tempranas, no se han implementado estrategias claras de prevención y protección", señaló.
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Otro de los fenómenos es el confinamiento, especialmente de indígenas por la siembra de minas cerca de sus territorios. En Murindó se estima que unas dos mil personas de estas comunidades temen salir a recolectar frutos o a cazar por temor a caer en estos campos.
La Unidad para las Víctimas en Antioquia ha activado la ruta de atención a cerca de 4 mil personas que se han sido desplazadas o confinadas por amenazas, combates y siembra de minas por parte del ELN y el Clan del Golfo en Cáceres, Ituango, Peque, Amalfi y Murindó.
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