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A pocas horas de dejar su cargo, el ministro de Transporte saliente, Guillermo Reyes, presentó una demanda ante la Fiscalía General de la Nación, en la cual acusa a Ultra Air de estafa agravada y otros delitos.
La acción judicial está dirigida hacia ocho personas de esta aerolínea, entre los que se encuentran representantes legales y miembros principales de la junta directiva por la suma de más de $48.200 millones.
Esta denuncia penal está establecida por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios, además de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial.
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Los representantes legales William Saw, Oscar Hernán Herrera, Ariel de Jesús López, además de los miembros de la junta directiva David Bojanini, Ilva Restrepo, Juan Alberto Londoño, Juan Carlos Altmann y Claudia Elena Munera, son las personas denunciadas por el saliente ministro, Guillermo Reyes González, luego del repentino cese de operaciones de la aerolínea el pasado 30 de marzo, dejando a la deriva a varios pasajeros que tenían vuelos programados.
En el documento, se establece que la compañía aérea Ultra Air, a pesar de tener conocimiento de su pronto cese de operaciones, continuó realizando la venta de tiquetes a miles de personas.
Según se describe en el archivo presentado ante la Fiscalía, estas conductas son claramente antijurídicas, ya que sabiendo su situación, Ultra Air permitió que los usuarios realizaran transacciones de compra con la aerolínea y además, siguieron ofreciendo más servicios, teniendo claro que no podrían cumplirle a sus clientes con estos vuelos.
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Es de destacar que hace pocos días, la Procuraduría General de la Nación instó a la Superintendencia de Transporte a dar explicaciones sobre los compromisos asumidos por la Ultra Air para la retribución de la plata de los tiquetes de más de 300.000 afectados, ante la negativa de la aerolínea de no devolver los dineros a los viajeros.
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