Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
Cortesía: Prensa Vicepresidencia
19 Nov 2018 03:15 PM

Marta Lucía Ramírez pide inhabilitar a Odebrecht por 20 años

La Vicepresidencia de la República, en compañía de la Agencia Jurídica del Estado, buscan una sanción económica.
Javier Barragán Ramos
Javier
Barragán Ramos
@Barraganjavi

La Vicepresidencia de la República y la Agencia Jurídica del Estado elevaron una solicitud a la Superintendencia de Sociedades para que inhabilite por 20 años a la compañía Odebrecht para contratar en el país.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la multinacional brasileña ha causado enormes perjuicios patrimoniales, sumado a un daño ético y moral, corrompiendo diferentes sectores de la administración pública.

“Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016, de soborno transnacional de la convención de las Naciones Unidas. La lucha en contra de la corrupción es una obligación constitucional legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano”, recalcó Ramírez.

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por su parte, Camilo Gómez director de la Agencia Jurídica del Estado, manifestó que se deben adelantar las investigaciones para destapar a profundidad el caso de corrupción en Odebrecht por el pago de sobornos para ganar licitaciones.

“Ustedes escucharon a representantes de esa firma manifestando, por ejemplo, que querían participar de la licitación del metro de Bogotá, algo que es inaceptable, una simple reparación económica no borra el daño causado a la Nación”, sostuvo el funcionario.

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Gómez agregó que “la agencia, en conjunto con la ANI, está estudiando la posibilidad de iniciar una acción de reparación directa para demandar a Odebrecht en reparación directa por los perjuicios causados. Estos serían dos litigios más contra Odebrecht”.

No obstante, un comunicado de la Vicepresidencia de la República advierte que “permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de corrupción y soborno trasnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honestos y honrados”.

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