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El auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pasará al tablero a las contralorías territoriales para que expliquen su gestión sobre los más de $600.000 millones en recursos auditados del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en departamentos y municipios del país.
Según el Auditor, "la meta es fortalecer las herramientas de control que coadyuven a minimizar los riesgos de corrupción en el manejo de estos recursos en las entidades territoriales responsables de su ejecución".
Rodríguez Becerra alertó ante inconsistencias en la información sobre los recursos ya ejecutados de este programa y que "esto está dejando dudas al respecto de las cifras. Queremos revisarlas en detalle con los contralores territoriales, por tal razón nos reuniremos con el Ministerio de Educación, Controlaría General, Procuraduría y Fiscalía, para coadyuvar en el control a los recursos que se invierten para ejecutar este programa en las regiones".
Señaló además que "el Programa de Alimentación Escolar es clave para fortalecer la permanencia de los estudiantes en los colegios y no podemos permitir que esos recursos, más del 33% del programa que aportan las regiones, más de $600.000 millones, queden por ahí sin ponerles la lupa".
"No solo será para el PAE, pondremos los lentes también en fortalecer el control en otros recursos importantes como los de salud y regalías", apuntó el Auditor General.
Castigo
Hace unos días, la Contraloría General de la República inició el proceso para castigar fiscalmente a los responsables del escándalo por las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En este caso el turno fue para el exalcalde de Puerto Wilches (Santander), Germán Hernando Durán Caicedo, a quien le fue proferido un fallo de responsabilidad fiscal, por $65 millones 325 mil pesos.
Esto por el detrimento patrimonial en la ejecución de un convenio, celebrado el 16 de octubre de 2015 por la Alcaldía de Puerto Wilches, con la Corporación Humana Integral de Relaciones Artísticas y Sociales (Corpochurias), por $251.863.600, que tenía por objeto apoyar proyectos generales de seguridad alimentaria y nutrición en la compensación en alimentación escolar en este municipio.
Según el propio organismo de control, estas irregularidades fueron descubiertas en por lo menos 16 de los 32 departamentos del país. Por su parte, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, propuso convertir el PAE en una verdadera política pública de Estado, con metas no sólo en el corto y mediano, sino en el largo plazo.
"El PAE no puede seguir siendo un simple programa de Gobierno orientado a la permanencia educativa", subrayó Maya Villazón, al tiempo que consideró que acudir a esta opción va a permitir que se superen todas las dificultades que ha mostrado en materia de ejecución, seguimiento y control, financiación, cobertura e impacto.
