Los detalles del doloroso hallazgo en el cementerio de Dabeiba

Adriana Arboleda, defensora de DD.HH., dijo en La FM que solo en Antioquia puede haber más de 1.200 víctimas de falsos positivos.
El cementerio de Dabeiba.
El cementerio de Dabeiba. Crédito: La FM

El país no sale de su asombro luego del hallazgo de una fosa común con más de 50 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia.

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hiciera la revelación del macabro hallazgo, se han conocido detalles del hecho.

Adriana Arboleda, defensora de DDHH y directora de la Corporación Jurídica Libertad, dijo que en este cementerio pueden haber más de 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el periodo comprendido entre 1996 y 1998 y posteriormente entre 2005 y 2009.

“Este fue un cementerio utilizado indistintamente por paramilitares y el Ejército Nacional. Por eso, con los testimonios que se conocen se pude estar hablando de más de 50 víctimas”, insistió.

De acuerdo a Arboleda, su corporación ha documentado más de 5.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, donde solo en Antioquia se han registrado más de 1.200.

“Todos los casos que conocemos se dieron entre 2002 y 2009. Hay informes que dan cuenta de que Antioquia ha sido uno de los departamentos con mayor número de víctimas, principalmente en el occidente de esa región”, indicó.

Pero además hay miles de casos de desaparición forzada donde Antioquia tiene más de diez mil casos de este flagelo. “Solo en Dabeiba el registro único de víctimas da cuenta de más de 300 casos”, sostuvo.

La defensora de DD.HH. por último cuestionó que, aunque se han dado condenas por estos delitos, apenas se ha llegado a condenar a militares de bajo rango.

“No se ha dado el compromiso de indagar a los máximos responsables de estos delitos donde hasta la Justicia Penal Militar ha sido un factor de impunidad”, agregó.

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De momento se conoce que la mayoría de los cuerpos hallados corresponden a hombres entre los 15 y 56 años de edad, con domicilio en Medellín, y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad. La JEP sigue con las indagaciones del caso.


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