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Los líderes sociales, sindicales y de víctimas de Bolívar advierten que aún permanecen en una condición vulnerable ante los grupos criminales que delinquen en el departamento.
Además denuncian que han reducido sus esquemas de seguridad o se los han quitado. Roberto Bustamante, presidente seccional de Anthoc, indicó que con la decisión de Unidad Nacional de Protección quedan nuevamente en riesgo.
“La orden de quitarnos los esquemas de seguridad, nos pone en alto nivel de vulnerabilidad y por esta razón nosotros estamos acudiendo a la apelación de esta decisión, para que se revoque la medida de retirar los esquemas de protección, y se continúe con las garantías de seguridad que requerimos algunos líderes, como yo, para actuar”, expresó Bustamante.
Edgardo Flórez, coordinador de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar aseguró que por la falta del esquema de protección se verían obligados a renunciar a su ejercicio a favor de la comunidad.
“Estamos pensando, por lo menos aquí en Bolívar, que si las cosas permanecen igual y no recibimos las garantías de seguridad, vamos a tener que presentar renuncias masivas a nuestro ejercicio con las víctimas”, aseguró Flórez.
Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, lamentó las intimidaciones que han padecido los líderes como la profesora Deyanira Ballestas en San Pablo, o Mayerlis Angarita Robles, directora de la Red de Mujeres de San Juan Nepomunceno, e indicó que otro de los compromisos es determinar el origen de las amenazas.
"Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias quienes son los responsables de estas amenazas", dijo el gobernador.
Entre tanto, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Bolívar ya pusieron en marcha la construcción del plan de protección colectiva para los Montes de María, una hoja de ruta para que las autoridades puedan garantizar de manera eficaz a los líderes sociales sin distingo político, que ejercen sus labores en esa subregión del departamento.
Según el Ministerio del Interior, 34 líderes sociales han sido asesinados en el territorio colombiano, una cifra verificada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
