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Según el informe, Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos y el segundo país en el mundo, después de Afganistán.
Además, Colombia es el único país de América en donde las guerrillas emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido desde 1999.
La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona registra 11.481 víctimas de MAP y de REG, de las cuales 7.028 son de la Fuerza Pública y 4.453, civiles. Cerca del 30% son niños, niñas y adolescentes y el 25% son erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito.
El informe divide el estudio en tres períodos, según la intensidad de las MAP y REG: el primero, entre enero de 1990 y marzo de 2000, en el que las afectaciones fueron constantes; el segundo, entre abril de 2001 y marzo de 2006, que mostró un claro incremento en la victimización y; un tercero, entre abril de 2006 y 2016, cuando se regresa a una intensidad similar a la que se presentaba en los años noventa.
Destaca el informe que: “la discapacidad se ha usado como un ataque directo sobre el cuerpo del adversario, no propiamente para aniquilarlo o acabar con su existencia, sino para dejarlo lisiado: “el interés de la guerrilla no es matar al Ejército sino dejarlo lisiado de guerra”, relató un hombre retirado de las Farc, sobreviviente de Minas antipersona en entrevista en el 2015”.
También se refiere a las diferentes modalidades de las minas antipersona usadas por las guerrillas cuya fabricación es improvisada con tarros, latas, envases, entre otros, como a los cambios en las formas de activación a presión, por liberación de presión, tensión y en el material explosivo utilizado.
“Entonces nosotros no podemos ir a improvisar” es el testimonio de un desmovilizado que ejemplifica cómo transformaron las minas antipersona y los remanentes explosivos de guerra para que duraran entre 15 y 20 años…"esas minas no pasan de moda (…)", señaló otro desmovilizado.
Otra importante conclusión del Informe es que el daño que pueden causar las minas y los remanentes explosivos no está asociado a la intención que tenía el actor armado cuando la instaló, porque pueden pasar años o décadas entre la instalación y su activación.
Este es el primer informe con perspectiva de memoria histórica en Colombia que reúne simultáneamente las voces de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, en un momento de coyuntura histórica donde el fin del conflicto armado nacional parece vislumbrarse.
