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Colprensa
24 Ago 2017 07:38 AM

La dificultad de una comunidad afro por la titulación colectiva en terrenos mineros

El consejo comunitario mayor San José de la Vega en Santa Rosa del Sur, Bolívar, no puede acceder a una titulación colectiva de sus tierras ancestrales, porque ya pertenece a compañías mineras.
La
Fm

Las comunidades afrodescendientes en áreas mineras han confesado que les preocupa qué pasará con la titulación de sus tierras ancestrales, si ya algunos terrenos fueron entregados a grandes compañías mineras.

Alquileo Mosquera, miembro de la Coordinación Nacional de Comunidades Afrodescendientes - Conafro, espera que el Gobierno nacional puede revertir esos procesos y regresarle eso territorios.

Según Mosquera, la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc abre la posibilidad para que el Estado pueda formalizar y titular las tierras de las comunidades afrodescendientes, “y también sanear el territorio”

“Esperamos que con ese acuerdo de La Habana, el gobierno pueda reverser esos títulos mineros que le entregó a las multinacionales, y que le puedan entregar a las comunidades negras que históricamente han vivido en ese territorio, y que hoy no puede vivir en ellas, ni ejercer la minería”, agregó Mosquera.

De acuerdo con Conafro, esa situación la padece el consejo comunitario mayor San José de la Vega en Santa Rosa del Sur que enfrenta dificultades en su titulación colectiva, “es que los grandes se tragan a los pequeños, hemos solicitado el título pero ha sido difícil por la explotación minera a gran escala

Otra situación que podría agravar el acceso a la titulación colectiva de esta población es la eventual declaración de área protegida de la Serranía San Lucas por parte de Parques Naturales. “Hoy es una intensión del Gobierno declarar esta zona área protegida porque es un territorio rico en minería de Bolívar, y no se va a permitir que las comunidades sigan explotando las minas”.

Ante estos problemas, las comunidades afrodescendientes consideran que es necesario que el Gobierno Nacional establezca una mesas de diálogo para definir responsabilidad y diseñar alternativas que no afecten a las poblaciones mineras.