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La Jurisdicción Especial para la paz adoptó medidas cautelares integrales con enfoque étnico y emitió más de 25 órdenes urgentes, con el objetivo de garantizar la supervivencia, autonomía y la seguridad de los pueblos indígenas y afrocolombianos que están en riesgo inminente de exterminio físico y cultura ante la ola de violencia que enfrentan en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Estas acciones fueron ordenadas tras la audiencia pública realizada en Popayán, en el marco del estudio de la medida cautelar, en las cuales las organizaciones sociales denunciaron, entre otros aspectos, el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan, agravado por la presencia de múltiples actores armados en sus territorios.
El magistrado de la JEP Raúl Sánchez indicó que estas acciones urgentes fueron dirigidas a distintos ministerios y entidades del Gobierno Nacional, con el objetivo de activar mecanismos de protección con enfoque étnico, orientados a garantizar la supervivencia, la autonomía y la seguridad de estas comunidades.
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De acuerdo con el magistrado la mayoría de estas órdenes fueron concertadas con autoridades indígenas y afrocolombianas a través de encuentros dialógicos interculturales y buscan ofrecer respuestas estructurales a las problemáticas identificadas, con el fin de garantizar la vida, la seguridad de los pueblos y sus organizaciones.
Así mismo, sostuvo que persisten también graves afectaciones a la población civil, como homicidios, enfrentamientos armados, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y otras acciones bélicas, que incrementan el riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
“Entre las principales denuncias se encuentran los asesinatos, el reclutamiento forzado, el desplazamiento, el confinamiento y la destrucción cultural. Señalaron, además, la circulación de panfletos amenazantes; el asesinato de integrantes de los pueblos indígenas, de su guardia y de liderazgos afrocolombianos; las afectaciones sistemáticas contra las mujeres en un contexto de violencia generalizada y progresiva; la instalación temporal de retenes ilegales; las amenazas al funcionamiento de la justicia propia; y los enfrentamientos armados entre grupos ilegales o entre estos y la fuerza pública”, indicó el magistrado Sánchez.
De igual forma, explicó que en total, 19 municipios fueron priorizados en la investigación del Caso 05 como son: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca.
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También señaló que “La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo Final de Paz. Las medidas concretas que se adoptarán se abordarán en relación con cuatro áreas y todas han sido previamente consultadas con las organizaciones indígenas y afrocolombianas priorizadas”, dijo el magistrado Sánchez.
Agregó que a la fecha se han acreditado para participar 129 sujetos colectivos que reúnen a 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y ocho organizaciones de víctimas. Estas reúnen a más de 180.000 víctimas. Igualmente, se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo de Çxhab Wala Kiwe.
