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Las autoridades, con el apoyo de la propia unidad nacional para las víctimas, avanzan en las labores de rastreo e indagación para tratar de identificar a nuevos posibles autores de casos fraudulentos en los trámites y consecución de los subsidios de reparación.
Alan Jara, director de la Unidad Nacional para las Víctimas, dijo que el grupo antifraude a cargo de las labores e investigación ha detectado, por ejemplo, a abogados y otros tramitadores que están cobrando diferentes sumas de dinero a las víctimas a cambio de, supuestamente, agilizar el acceso a subsidios a los cuales por ley ya tienen derecho.
"Hemos visto que son una especie de gestores que buscan a los alrededores de los sitios donde la unidad de victimas brinda un punto de atención y allí les dicen a las personas que ellos tienen la capacidad de incidir, tramitar y sacar los recursos (...) inclusive llegan a cobrar con cédulas de ciudadanía de personas fallecidas", indicó Alana Jara.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a las propias víctimas para que denuncien estos hechos y no se dejen engañar con falsas promesas, porque al hacerlo están acometiendo unos delitos contra la administración pública.
También señaló que dentro de las estrategias para evitar nuevos casos de fraude se suscribieron convenios con la Registraduría Nacional y el Banco Agrario -operador encargado de realizar el pagos de los recursos-, para que se verifique la plena identidad de las víctimas que reclaman los subsidios.
Agregó que a la fecha esa entidad ha recibido un total de 5.030 quejas en relación con estos casos de fraude y han sido instauradas ante las autoridades competentes 1.935 denuncias a lo largo del territorio nacional.
