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El funcionario, quien se encontraba prófugo de la justicia, era la última persona que todavía no había comparecido ante las autoridades por el proceso que cursa en el caso del edificio colapsado en el barrio Blas de Lezo, en el que murieron 21 obreros y otros 22 resultaron heridos.
El inspector, que se entregó voluntariamente y al que le fue legalizada su captura, no aceptó los cargos de urbanización ilegal y uso de documento falso, imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Dentro del material probatorio presentado por el ente acusador, se encuentra lo establecido en el actual Código de Policía, que señala que las “actuaciones de vigilancia a las construcciones se le asignarán a los inspectores de policía”.
También la entidad presentó entre la documentación recopilada, una carta del 20 de noviembre del 2016, que dirigió la propietaria de una casa contigua a la construcción desplomada al inspector Ramos. En documento, leído en la audiencia, advertía que las paredes se estaban extendiendo más de lo autorizado por la norma, así como se aseguraba que la edificación no cumplía con las normas de seguridad, ni contaban con elementos de seguridad.
Así mismo, la Fiscalía señaló que de haber atendido este llamado e intervenido frente a la construcción, se habría prevenido el desplome, por lo que el proceder del inspector Ramos muestra que se incurrió en el delito de “urbanización ilegal en concurso con prevaricato”,debido a que el funcionario no fue a ver ni a constatar la obra y tampoco adelantó acciones administrativas propias para la prevención, que permitieran notificar a las partes de la necesidad de detener o demoler la construcción.
