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Así lo concluye una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que señala que "esta falta de disponibilidad de funcionarios para cumplir las actividades por las cuales se encuentran vinculados al Inpec, afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos".
Según el organismo, "estos permisos sindicales de 39.293 días, equivalentes a más de 110 años, concedió el INPEC en 2015 a personal vinculados a los 76 sindicatos de la entidad, el 85% perteneciente al cuerpo de custodia y vigilancia, una situación que para la Contraloría General de la República afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios".
De igual forma, la Contraloría estableció 33 hallazgos administrativos al interior del Inpec, de los cuales seis tienen presunta connotación disciplinaria y motivan el inicio de una indagación preliminar.
"Los auditores encontraron, por ejemplo, que la entidad continúa cancelando salarios a personal con periodos de incapacidad superior a 180 días continuos (8 años en algunos casos), lo que amerita el inicio de actuaciones dirigidas a establecer posibles responsabilidades fiscales", señaló la Contraloría.
Se evidenciaron también situaciones como dobles pagos, falta de información y deficiente programación para la provisión y pago de sentencias.
Esto fue, a criterio de la Contraloría, "generado por falta de presupuesto (rubro de sentencias y conciliaciones) y de capacidad instalada de la entidad en el nivel central para atender un promedio de 5.400 procesos judiciales, a lo que se suma la atención de procesos administrativos, conciliaciones judiciales y prejudiciales, estudios para acción de repetición, cobros coactivos y pago de sentencias".
El resultado de esta auditoría, que fue complementada con visitas a los establecimientos carcelarios, será trasladado al Consejo Superior de Política Criminal, al igual que a las instancias decisorias de la Administración y de la propia Corte Constitucional.
