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La Procuraduría ha sostenido durante los últimos días un fuerte pulso con la Policía Nacional, para obtener información sobre las actuaciones de los miembros de esa institución en las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá y otras partes del país, tras la muerte del abogado Javier Ordoñez en medio de un operativo policial.
Aunque la Policía Nacional ha informado que ha entregado la información que le han solicitado desde el organismo de control, desde la Procuraduría advierten que lo obtenido o enviado está incompleto.
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La primera solicitud de la Procuraduría fue el 11 de septiembre, dos días después el procurador delegado recibió un documento de la Policía firmado por el teniente coronel Virgilio Armando Forero Sotelo, pidiendo fechas exactas, direcciones y hora exacta de los videos de las cámaras de seguridad donde ocurrieron los disturbios.
En ese documento, el teniente advierte que “las cámaras y equipos de grabación no son de propiedad de la Policía” y que podrían borrarse, por lo que -al parecer- no se podría cumplir con las peticiones de la Procuraduría.
Ante esa respuesta, la Procuraduría tuvo que enviar un oficio al director general (e) de la Policía Nacional, mayor Gustavo Alberto Moreno, explicándole que sus requerimientos se usarían en eventuales investigaciones relacionadas a la muerte del abogado Ordoñez.
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“Me veo en la imperiosa necesidad, señor Mayor General, de expresarle la perplejidad que me produjo la lectura del oficio de la referencia, mediante el cual el señor Teniente Coronel Virgilio Armando Forero Sotelo, Jefe del Centro automático de Despacho MEBOG, está acudiendo a recursos idiomáticos, logísticos y legales para demorar la entrega y/o anticipar la justificación a una eventual inexistencia de parte de la documentación”, señala el documento.
A raíz de ese oficio, el 17 de septiembre la Procuraduría recibió otra respuesta de la Policía de diez páginas, en la que informa que hay once investigaciones disciplinarias “por las novedades de munición y/o arma de fuego y no letales utilizadas por los uniformados” en esas protestas.
Ese informe precisa que hubo 320 uniformados lesionados, 38 CAI (Centro de Atención Inmediata) incinerados y que hasta el momento “no hay uniformados comprometidos de forma directa con los hechos ocurridos”.
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sin embargo, para la Procuraduría esa información no es lo que se pidió. “Mandaron un cuadro de Excel con los videos de redes sociales y no de las cámaras de vigilancia que hay en la ciudad, no remitieron las grabaciones de radio, ni los reportes de uso de las armas y gasto de munición”, dijo a RCN Radio una fuente del proceso.
La Procuraduría señala que no tiene datos concretos, a pesar de las declaraciones del ministro de Defensa y el director general de la Policía, sobre el número de uniformados que hasta ahora han identificado por haber disparado armas de fuego en las protestas del 9 y 10 de septiembre.
Otras fuentes de la Procuraduría señalan que la falta de esa información ha obstaculizado las actuaciones de la entidad, para definir si asume las investigaciones disciplinarias o no por los hechos registrados después de la muerte del abogado Ordoñez.
Por esa razón, el 21 de septiembre en otro oficio, la Procuraduría reiteró la solicitud de información a la Policía Nacional por las actuaciones de los uniformados en las marchas del 9 y 10 de septiembre.
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