Indígenas de Colombia piden ante la CIDH protección frente a ataques armados

Indígenas y organizaciones humanitarias de Colombia reclamaron protección ante ataques armados que se producen pese al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) en Santo Domingo.

"A pesar del acuerdo, al día de hoy Colombia y de manera particular sus pueblos indígenas viven una crisis humanitaria que apenas comienza (...), que requiere intervención inmediata, integral y concertada del Estado", dijo este jueves María Espinoza, defensora de los derechos de los pueblos nativos.

La estrategia debe incluir "procesos de reparación" a los afectados, agregó Espinoza en el marco del 168° período de sesiones de la CIDH en República Dominicana.

Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, entre 2016 y 2017 se registraron más de 18.000 hechos de violencia contra poblaciones originarias de Colombia, incluidos 67 homicidios y 11.455 casos de desplazamiento forzado por parte de diferentes grupos.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la CIDH, unos 67 pueblos aborígenes están en "peligro de extinción", no solo por la violencia sino también por la pérdida de territorios y los proyectos de explotación minera puestos en marcha por el gobierno.

Luis Gíndrama, de la etnia Embera Dóbida, alertó que en el departamento de Chocó (noroeste) -hogar de 70.000 indígenas- el gobierno autorizó el desarrollo de megaproyectos mineros sin respetar "el derecho de sus habitantes" sobre el territorio.

Los representantes indígenas solicitaron que una comisión de la CIDH visite Colombia y exija medidas de protección.

A nombre del gobierno, la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Yvonne González, aseguró que la seguridad de los indígenas constituyó "un eje transversal" en los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba.

Colombia vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, militares, policías y narcotraficantes, con unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos suscribió en noviembre de 2016 un histórico pacto que desarmó y transformó en partido político a las FARC, y busca cerrar un acuerdo similar con la guerrilla del ELN.

Con información de AFP