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Tras las revelaciones sobre los presuntos vínculos entre los militares y miembros de Clan del Golfo, en el caso de violación de los DD.HH, el pasado 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, Córdoba, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que ya se solicitaron las conclusiones de las investigaciones.
"Estamos interesados en saber exactamente la verdad u otra conclusión de lo ocurrido, porque hay circunstancias extrañas en estos hechos. Esperamos que de acuerdo a los resultados de las investigaciones, las medidas disciplinarias y las investigaciones penales a que hubiera lugar", indicó Velásquez.
"Todavía no hay una conclusión de las investigaciones. Yo mismo escuché de parte de organizaciones de DD.HH., cuando visité Tierralta, que hay un propósito de buscar el retiro del Ejército de la zona. Es algo que no quisiera adelantar una opinión porque debemos basarnos en una investigación", señaló.
De llegar a ser cierto la presunta vinculación entre militares y miembros del Clan del Golfo, el Ministerio de Defensa realizaría los respectivos análisis. "Lo que correspondería determinar exactamente como es que se han establecido esos vínculos entre integrantes del Ejército y Clan del Golfo, se tomarán las medidas penales", expresó.
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Desplazamiento
El secretario del Interior de la Gobernación de Córdoba, Jairo Baquero, pidió a la fuerza pública protección para los líderes de los campesinos e indígenas desplazados que se encuentran en el perímetro urbano de Tierralta que han sido señalados de tener alianzas con grupos ilegales.
La petición la hizo al término de la sesión extraordinaria del Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de no repetición en el municipio de Tierralta para atender a las víctimas de desplazamiento de las comunidades de Bocas del Manso, Crucito, entre otras poblaciones.
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“Rechazamos la estigmatización y cómo se coloca en riesgo las comunidades por diferentes informaciones malintencionadas que han salido en algunos medios de comunicación en donde se señala que hay una alianza entre líderes campesinos y grupos armados ilegales”, expresó el funcionario.
El funcionario pidió garantizar los derechos humanos de la población y atender la emergencia sanitaria a través de la articulación interinstitucional y, al mismo tiempo, confirmó que son 3.600 las personas desplazadas.
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