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La F.m. logró establecer con fuentes de las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc que ya está listo el acuerdo sobre garantías de seguridad, tema incluido en el tercer punto de la agenda, y que tiene que ver con la terminación del conflicto.
Después de varios meses de trabajo de la subcomisión técnica del conflicto y del liderazgo que hubo por parte del general (r) Óscar Naranjo y ‘Pablo Catatumbo’, negociadores de las dos delegaciones, se acordó combatir a los reductos del paramilitarismo, aunque el término fue modificado ya que el ejecutivo no acepta ese fenómeno como política de Estado.
En consecuencia y por decisión de las delegaciones, se creará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, que ofrecerá la seguridad a quienes dejen las filas de las Farc.
Precisamente, allí el Gobierno será el encargado de ofrecer garantías de tipo institucional, políticas y personales para evitar que los guerrilleros sean asesinados cuando dejen las armas y se incorporen a la sociedad civil.
Un punto importante es que los guerrilleros podrán tener esquemas mixtos de seguridad, compuestos por integrantes de las Fuerzas Militares y excombatientes de las Farc, pero sujetos a la directrices que indique la subdirección especial de la Unidad Nacional de Protección, dependencia que se creará en algunos meses.
Pero para la conformación de esos esquemas, aquellos excombatientes que quieran integrarlos, deberán superar una serie de requisitos y entrenamientos de la UNP quien definirá si la persona está capacitada o no. No será suficiente que un guerrillero haya dejado las filas y conozca el manejo de las armas.
Para el Estado, esos esquemas mixtos serán como una especie de enlace para que haya comunicación permanente con quienes vayan a tener seguridad y garantizar la efectividad del acuerdo. Pese a esos canales de diálogo que se mantendrán permanentemente, habrá una evaluación periódica.
La importancia de este acuerdo es que apunta a crear el ambiente propicio para la implementación de lo pactado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Para ello se crearán varias instancias y comisiones de seguimiento junto a grupos de trabajo interinstitucionales.
Con esas instancias se combatirá toda acción criminal que amenace la implementación de los acuerdos de paz, pero además se ofrecerán garantías de seguridad para líderes de derechos humanos, movimientos sociales, líderes políticos, de género, LGBTI y civiles que habiten en las zonas donde por años ha estado ejerciendo presencia las Farc.
Precisamente, el Estado garantizará presencia e institucionalidad en esas zonas de conflicto para ejercer su soberanía. Allí el Gobierno, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Fuerzas Militares y en el futuro algún representante del movimiento político de las Farc, participarán en ese trabajo grupal garantizando el libre desarrollo de la oposición, que no habrá estigmatización y garantías para adelantar la actividad política.
Aunque este tema ya está acordado, las partes coinciden en que su anuncio se hará cuando estén listos los puntos del cese bilateral y definitivo del fuego, las zonas de ubicación temporal y el cronograma preciso de dejación de armas, temas que están adelantados, pero en donde aún hay diferencias entre los negociadores. Se espera que antes del 14 de junio, fecha en que debe terminar esta ronda se anuncie al país el cierre del fin del conflicto, tercer punto de la agenda.
