Gobierno responde a cuestionamiento de FLIP por caso Vicky Dávila y Comunidad del anillo

La FLIP cuestionó al presidente Santos por "criticar la decisión editorial" de Vicky Dávila en LA F.m. en la investigación, y calificó como "un efecto intimidatorio" las declaraciones del mandatario previo a la renuncia de la periodista al medio.
Archivo La FM
Crédito: La FM

Este es el comunicado integro del Gobierno:

"Ante el comunicado emitido por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), titulado “Sobre la salida de Vicky Dávila de LA FM y el caso de La Comunidad del Anillo”, el Gobierno nacional señala:

1. El Gobierno y el Presidente de Colombia valoran, respetan y protegen –como los que más– la libertad de prensa como un principio fundamental de la democracia. El Presidente ha mantenido esa posición durante toda su vida, como periodista, y como funcionario.

2. De ninguna manera los hechos denunciados por la entonces directora de LA F.m. pueden interpretarse como presión o intimidación por parte del Gobierno nacional o el Presidente de la República, quien, apenas se presentaron las denuncias, invitó a la periodista a una reunión en la Casa de Nariño para que le relatara los hechos, ordenó de inmediato la investigación correspondiente y le pidió personalmente a la Fiscalía que obre con la máxima diligencia para llegar al fondo de este asunto.

3. Estas denuncias son aún objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, y el Gobierno nacional está a la espera de los resultados para tomar las medidas a que hubiere lugar. Hasta el momento, dichas investigaciones no han arrojado resultados que corroboren las denuncias.

4. El comentario del Presidente sobre el video de una conversación íntima publicado por LA F.m. fue expresado frente a una pregunta de la periodista Ángela Patricia Janiot –quien, en un foro sobre otro tema, le preguntó sorpresivamente su opinión sobre el mismo–, y no pretendía de manera alguna inhibir el libre ejercicio del periodismo, ni dar lecciones sobre él. El propio Presidente dijo en esa ocasión que este era un tema que debía ser objeto de discusión entre los periodistas, precisamente para respetar su independencia.

5. El Gobierno nacional ha ofrecido siempre las garantías necesarias para que los medios ejerzan libremente su labor periodística y da protección a quienes se ven amenazados en el ejercicio de ella. Actualmente 146 periodistas reciben protección del Estado colombiano."

Previo a este comunicado del Gobierno, la FLIP publicó su posición sobre el particular así:

Sobre la salida de Vicky Dávila de La FM y el caso de ‘La Comunidad del Anillo’

"Como es de público conocimiento, el pasado 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que quiso esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis sobre lo sucedido– manifiesta lo siguiente:

1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando.

2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor.

3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia.

4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo.

5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas."

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