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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra del mayor general retirado del Ejército Nacional Jorge Arturo Salgado Restrepo, por estar presuntamente implicado con hechos de corrupción en millonarios contratos.
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia sindicó al oficial retirado de ser el supuesto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los investigadores revelaron que hay suficientes pruebas que demostrarían que a cambio de la entrega de millonaros contratos, la firma Distrilogística P G S.A.S., le pagó cuentas personales al General en retiro por concepto de tiquetes aéreos para la familia, comidas en restaurantes, asados, puestos en palco para los conciertos de la Feria de las Flores, facturas de celular y de televisión satelital, suscripciones de prensa, entre otros, por un valor superior a los 151 millones de pesos.
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"Los elementos de prueba conocidos en la investigación dan cuenta de que el exoficial, mientras se desempeñó como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional entre 2016 y 2017, direccionó los contratos de cafetería y obra del Batallón de Servicios N°4 Yariguíes para que quedaran en manos de dos contratistas específicos", reveló el fiscal jefe de la Unidad delegada ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes.
La Fiscalía estableció que de manera irregular fueron adjudicados nueve contratos de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones, por un valor cercano a 1.500 millones de pesos, a Ingecodi S.A.S.; y seis contratos de cafetería y catering, que ascendieron a 331 millones de pesos, a Distrilogística P G S.A.S.
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Con base en las evidencias se estableció que se logró documentar que los pliegos de las licitaciones públicas para dichos contratos, habrían sido entregados previamente a las empresas beneficiadas para que ajustaran sus propuestas.
De igual forma, por estos hechos el fiscal delegado solicitó imponer al general Salgado medida de aseguramiento de detención domiciliaria, para proteger la comunidad.
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