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Diferentes representantes del gremio transportador en el país manifestaron un profundo rechazo al paro de transportadores informales que protestan por la suspensión de más de 13 mil licencias de conducción.
Se trata de la Asociación de Transportadores (ASOTRANS), el Consejo Superior de Transporte (CST) y la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), que mediante un comunicado en el que confirmaron que no respaldan esta serie de acciones de protesta a nivel nacional.
“Esta protesta no tiene el respaldo de la unidad gremial ya que detrás de ella hay individuos que no son conocidos en el gremio del transporte y buscan protagonismo”, manifestó José Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT.
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El directivo destacó que este tema de la suspensión de las licencias de conducción, solo tiene solución con una ley que modifique el Código de Tránsito.
A su vez los empresarios que prestan servicios legales de transporte en el país, denunciaron que al parecer transportadores informales están usando el nombre de reconocidas empresas legales para convocar a este paro.
“Es posible que la ilegalidad esté apoyando esta protesta desde la redes sociales usando los logos de muchas empresas de transporte reconocidas, y no debemos caer en ese tipo de provocaciones. El terrorismo no es solo tirar bombas y disparar, también es asustar a la gente e impedir que la economía de un país se mueva”, aseguró.
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El líder transportador destacó que “si la gente se deja llevar por los agitadores con acciones de hecho, administrando justicia por la propia mano rompemos el estado de derecho y eso nos deja en peores condiciones que las que estamos”.
Agregó que “para cada persona la justicia es diferente, por eso las civilizaciones han hecho acuerdos generales que nos permiten vivir cívicamente y no bajo la ley de la selva o la ley del más fuerte”.
Los representantes del sector transportador aseguraron que no existen razones ni motivos para generar violencia en el país y menos cuando lo que se pretende defender; por un grupo de transportadores que prestan un servicio ilegal, va en contra del pacto social escrito en la Ley.
