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La Fiscalía advirtió que continuará con la investigación para judicializar a los responsables de los disturbios que cobraron la vida de un uniformado de la Policía Nacional, produjeron el secuestro de otros 12 uniformados y dejaron heridas a cuatro personas más en el municipio de Llorente, Nariño.
La Fiscalía dejó claro que el acuerdo suscrito por miembros de la comunidad y representantes de diferentes Organizaciones No Gubernamentales, es contrario a la Constitución porque nadie en Colombia, distinto del Fiscal General, puede disponer de la acción penal.
En el acta suscrita el pasado 13 de abril, en la que se acordó la liberación de los 12 policías secuestrados, así como la devolución de seis fusiles, 42 proveedores y siete granadas, los firmantes también pactaron la no judicialización de los campesinos, afrodescendientes e indígenas participantes en la protesta, así como la libertad inmediata de las personas detenidas.
A través de un comunicado, la Fiscalía señaló: "los compromisos suscritos en los puntos tres y cuatro del acuerdo fueron negociados sin conocimiento de este organismo".
En la misiva, la Fiscalía agregó: "fiel a su compromiso de investigar hechos dolosos de extrema gravedad como el ocurrido en Llorente, Nariño, seguirá adelante con las indagaciones correspondientes para llevar ante las autoridades a los responsables de los mismos".
