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Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, ofreció en La FM más detalles sobre su propuesta de implementar una serie de restricciones y sanciones en las zonas cocaleras del país, la cuales estarían encaminadas a afectar las actividades de las personas que obtienen ganancias.
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En primera medida el fiscal Martínez explicó que para desarrollar una política antidrogas es necesario que incorpore el mecanismo de la disrupción, que parte de la base de caracterizar las distintas unidades de valor dentro la cadena criminar para sitiarlas. "Hemos cogido la cadena de los cultivos, la producción, el almacenamiento y narcomenudeo. Para cada etapa hemos propuesto mecanismos inibitorios para sitiar el narcotráfico, para que así seamos más eficiente contra las economías ilícitas.
Martínez indica que para el caso de negocio de la marihuana, que requiere una fuente de energía eléctrica para poner en funcionamiento los cultivos hidropónicos, se puede interrumpir el suministro de energía para así interrumpir el funcionamiento de estos cultivos. "Parto de la base que por supuesto no estoy hablando de las poblaciones civiles, hoy en día el tendido de redes eléctricas permite interrumpir el servicio en un punto específico, un corte masivo sería un exabrupto".
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El fiscal también indicó que es necesario mejorar el componente de la investigación tecnológica, puesto que el país no puede seguir atacando los cultivos de coca sin conocer el genoma de la planta, eso tiene que ser conocido a partir de la ingeniería agrícola. "En eso el país tiene un rezago, mientras los criminales si hacen investigaciones científicas al punto hace 10 años una planta producía 2 cosechas al año y ahora producen 4 y en sitios como el Guaviare se producen siete cosechas".
Para Néstor Humberto Martínez, estas prácticas disruptivas tienen mucha consolidación en países desarrollados como el Reino Unido y explicó que gracias al acercamiento que han tenido con los métodos que se aplican en ese país han visto los resultados que se obtienen con estas prácticas.
"Frente a una factoría que destila Wiskey ilegal, en el Reino Unido la policía judicial tiene la facultad de bajar la "palanquita" a la factoría hasta que la quiebran. Nosotros estamos proponiendo teorías y mecanismos que han funcionado y que tienen aprobación en otras sociedades".
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"No hemos sido capaces de confrontar de manera categórica al narcotráfico, por su puesto hemos capturado a los capos y los hemos llevado ante las autoridades. Pero la empresa criminal existe, porque las empresas no viven de las personas, cuando un gran empresario fallece la empresas subsiste. Lo que hace el mundo para acabar estas empresas es sitiarlas para evitar que sigan siendo actividades viables, desde el punto de vista industrial", enfatizó el fiscal general.
