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Militantes y simpatizantes del Partido Comunes, integrado por excombatientes de las Farc, adelantaron un plantón frente a las instalaciones del Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá, exigiendo al Gobierno Nacional “garantías para la vida y la integridad de la población firmante del acuerdo final de paz”.
Los excombatientes denunciaron que por lo menos 396 de ellos han sido asesinados, desde el 2016 y en los últimos meses han aumentado las amenazas y atentados en su contra.
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El ataque más reciente se registró en la localidad de Puente Aranda en Bogotá contra Marino Molina, exnegociador de paz de ese grupo guerrillero con el Gobierno, mientras se encontraba en su residencia que fue atacada a disparos por delincuentes. En este hecho resultaron heridos dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Recibimos este atentado del que afortunadamente salimos ilesos, esperamos los resultados prontamente de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades que son los que nos tienen que decir que es lo que está ocurriendo”, dijo Molina.
Por su parte, Juan Sebastián Molina, presidente del sindicado Sintrasepaz, que conforman escoltas de la UNP, señaló que “nosotros dimos este voto de confianza y elegimos este Gobierno hace un año y creemos que es clave que nos cumplan con las garantías de seguridad”.
Los congresistas que representan a esta colectividad también participaron de la jornada asegurando que los múltiples ataques a los integrantes de Comunes se configuran como una campaña que se podría calificar como “extermino”, tal como ocurrió con los partidarios de la Unión Patriótica (UP).
“Esto lo tenemos que parar que detener porque Colombia no puede volver a vivir una experiencia como la de la unión patriótica. Si estos atentados ocurren acá en Bogotá como están las regiones y eso obviamente coincide con los reportes que recibimos todos los días de distintos territorios de hechos de violencia, de muerte, de dolor que nosotros estamos denunciando”, sostuvo el representante Sergio Marín.
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Asimismo, aseguraron que el 95% de los hechos de violencia contra los firmantes de paz están en la impunidad, pues las investigaciones no avanzan.
“La impunidad ha reinado, la unidad especial que se creó en la Fiscalía para investigar las situaciones de violencia contra nosotros no avanzan, así que no podemos decir quienes han sido los autores de estos hechos y es otra de las exigencias que estamos haciendo hoy”, manifestó Manuela Marín, militante de Comunes.
