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Hace 23 años, el resguardo indígena Guacamayas Mamiyare, perteneciente a la comunidad indígena sikuani de Cumaribo, ubicado en el departamento de Vichada, pidió ampliar su territorio ancestral porque sus tierras habían sido ocupadas ilegalmente por agricultores y cultivadores.
Sostenían que esa situación los obligó a desplazarse y arrinconarse, reduciendo sus actividades cotidianas de caza, pesca y movilización.
“A lo largo del proceso colonos han invadido y cercado parte del territorio ancestral lo que ha impedido el tránsito y acceso de los miembros del resguardo”, decían sobre el tema.
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Dado a que ninguna autoridad respondió a sus solicitudes, la Procuraduría decidió intervenir, a través de una tutela, que el juzgado de familia de Puerto Carreño fallo a su favor.
En el fallo de tutela se ordena a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que en un plazo no mayor a cuatro meses termine el proceso de ampliación solicitado por los indígenas para proteger sus derechos como resguardo.
El fallo señala además que la comunidades aborígenes tienen derecho a la territorialidad indígena, al mínimo vital, dignidad humana y al ejercicio del propio gobierno.
Mas aún cuando en las tierras que están reclamando se encuentran sitios sagrados, cementerios, cultivos tradicionales y territorios de caza y pesca que permiten su subsistencia.
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En el estudio que hizo la Procuraduría General de la Nación se percató de que la ampliación requerida corresponde a un territorio baldío que han habitado históricamente cuatro pueblos conformados por 700 personas aproximadamente.
Por su parte, el juez concluyó que ha “transcurrido un término irrazonable sin resolver de fondo lo solicitado por la comunidad, lo cual ha afectado los derechos constitucionales fundamentales".
