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La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, anunció la suspensión por cuatro meses al exgerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, Juan Agustín Ramírez Montoya, por irregularidades en contratación en medio de la pandemia del Covid-19 en Norte de Santander.
La elaboración de una obra digital que contaba la historia del centro médico, por un valor cercano a los 58 millones de pesos, que ocasionó una fuerte polémica en medio la emergencia sanitaria por Covid-19 y donde el ente de control inició la investigación.
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Sanción que también cobija a la exsubgerente administrativa del centro médico, Soraya Tatiana Cáceres Santos.
Según la Procuraduría, este fallo de primera instancia establece que estos exfuncionarios infringieron en "los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad de la contratación estatal al celebrar el Contrato de Prestación de Servicios Nº 153 el 20 de marzo de 2020".
Para la elaboración de la obra literaria, sin tener en cuenta que el negocio jurídico no contribuía con las metas y objetivos institucionales para la correcta prestación de los servicios de salud.
Sin embargo, sindicatos y veedores de salud en Cúcuta, catalogan de irrisoria la sanción por parte de la Procuraduría al exgerente del Hospital Erasmo Meoz, y afirman que ante la Corte Penal Internacional estarán presentando estas denuncias.
Carlos Martínez Rojas, asesor de Control Interno del Hospital Universitario Erasmo Meoz, afirmó que son múltiples las denuncias que se han presentado ante entes de control, por irregularidades por parte de la exgerencia del centro médico.
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"Da pena ajena esta sanción, pero bueno la justicia de a poco va llegando, vamos a ir ante organismos internacionales a presentar estas denuncias, porque se está jugando con la salud de los nortesantandereanos y son muchos los actos de corrupción que se presentaron en el hospital, bajo la dirección del señor Ramírez", expresó el asesor de Control Interno del Erasmo Meoz.
Finalmente, están a la espera de nuevas sanciones por parte de los organismos de control, contra hechos de corrupción que han sido denunciados por parte de sindicatos y veedores de salud en el departamento.
