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La DIAN, entidad encargada de fortalecer el recaudo tributario en Colombia, adelanta acciones para recordar a los deudores las sanciones establecidas. Al mismo tiempo, promueve campañas de normalización fiscal, con el fin de que regularicen su situación y eviten sanciones penales, incluyendo penas de prisión.
En ese contexto, la entidad recuerda que la reforma tributaria aprobada por el Congreso en 2022 introdujo penas de cárcel para quienes no paguen sus impuestos y tributos al Estado. Hasta entonces, la mora tributaria no conllevaba consecuencias penales.
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Por estas deudas puede ir a la cárcel
De acuerdo con la reforma, si la deuda tributaria es igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de $1.300 millones), el contribuyente podría enfrentar una pena de prisión de 48 meses (cuatro años).
Cuando el valor de los activos omitidos supera los 2.500 salarios mínimos (aproximadamente $3.250 millones), pero es inferior a 5.000 salarios mínimos (unos $6.500 millones), la pena puede aumentar hasta 64 meses (cinco años y tres meses). En casos de evasión superiores a los 5.000 salarios mínimos, la condena puede incrementarse en un 50 %, llegando a 72 meses (seis años).
Entre las ciudades con mayor número de morosos fiscales figuran Bogotá, con una deuda acumulada de $3 billones; Medellín, con $814 mil millones; Barranquilla, con $488 mil millones; Montería, con $309 mil millones; y Cali, con $273 mil millones.
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Los principales deudores incluyen grandes contribuyentes empresariales, seguidos por personas naturales morosas, especialmente en las ciudades mencionadas.
Opciones para evitar penas de prisión
La DIAN ha informado que los contribuyentes en mora pueden acogerse a las campañas de normalización tributaria. Estas ofrecen facilidades para establecer un plan de pagos que permita saldar la deuda con el Estado y, de este modo, evitar consecuencias penales.
Aunque abandonar el país con deudas tributarias no acarrea cárcel de forma automática, el Estado colombiano podría iniciar un proceso judicial para recuperar lo adeudado. Si el deudor no dejó bienes en el país, la recuperación puede ser difícil. Sin embargo, en caso de regresar o adquirir propiedades en Colombia, el Estado podría ejecutar acciones legales para exigir el pago.
Además, el incumplimiento afecta la calificación crediticia, dificultando el acceso a futuros créditos.
Por otro lado, no pagar deudas como préstamos bancarios no conlleva cárcel en Colombia. No obstante, el incumplimiento financiero puede generar gastos adicionales, como el incremento de intereses moratorios, y perjudicar la historia crediticia del deudor, afectando su capacidad de financiamiento en el futuro.
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