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Para la Fiscalía General es de vital importancia que Empresas Públicas de Medellín (EPM) de a conocer el estado actual de las obras de la hidroeléctrica de Hidroituango debido al riesgo inminente que denuncian los pobladores.
Esta es una de las cinco medidas cautelares y de protección que presentó este lunes el ente investigador ante un juez de la República que tienen como objetivo proteger la vida, salud y calidad del medio ambiente para las comunidades que se han visto afectadas con esta obra.
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El delegado del ente investigador sostiene que EPM debe entregar información actual, completa, técnica y real sobre los adelantos de la obra y los riesgos que tiene la población que “se encuentra aguas abajo”.
Igualmente es importante saber si existe o no autorización para realizar actividades relacionadas con la pesca en el embalse. Para esto es necesario conocer si el agua presenta algún tipo de contaminación.
La Fiscalía General le manifestó ante el juez 75 con función de control de garantías que no se puede desconocer que la mayoría de la población de esta zona vive de actividades relacionadas con la pesca en el Río Cauca y otras fuentes hídricas.
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El ente acusador le pide que se realice un “inventario del embalse” y se tomen todas las medidas necesarias para evitar más caídas de rocas y tierra sobre el mismo.
Para el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos existe una constante denuncia de la población por el desconocimiento que existe sobre el “hoy” de la obra, lo que aumenta la zozobra y el miedo por lo que pueda ocurrir.
“Hoy en día los pobladores de los municipios se acuestan a las siete u ocho de la noche sin saber qué va a pasar mañana”, precisó el fiscal al hacer un relato de los derrumbes que se han presentado en los últimos meses.
Esto hace que exista incertidumbre y miedo ante un colapso de las montañas o un derrumbe. “EPM debe entregar un reporte actual cierto sobre lo que está pasando en la represa”, argumentó el fiscal.
Durante la audiencia se manifestó que existe una investigación en curso ante un presunto fraude procesal que se habría presentado ante una modificación de la licencia ambiental para la construcción del sistema Auxiliar de Desviación del proyecto Hidroituango.
En las próximas horas se conocerá la intervención de la representante de la Procuraduría General, los representantes de víctimas y las entidades que tienen participación directa en la construcción de la hidroeléctrica.
