Se trata de una medida cautelar mientras se analiza una tutela que busca eliminar las publicaciones, en las que el presidente inspecciona los resultados de los recientes golpes militares.
La sentencia pactada en el preacuerdo suscrito con la Fiscalía fue de tres años de prisión. Sin embargo, no iría a la cárcel porque se trata de una condena no mayor a los 4 años.