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Tras cuatro años de investigación, la Contraloría halló responsable a Electricaribe de haber usado $211.755 millones del Fondo de Energía Social (FOES), los cuales estaban destinados para subsidios de los estratos 1 y 2 de la región Caribe, entre el 2011 y el 2016.
De acuerdo con el órgano de control, los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario.
Cuando se llevó a cabo dicha aplicación, "no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales".
En este sentido, la Contraloría afirmó que Electricaribe "pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero Prone, FAER y Fanzi, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de perdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales".
Por otro lado, se falló también con responsabilidad fiscal contra la firma PricewaterhouseCoopers y tres de sus colaboradores, pues al parecer avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos.
Cabe resaltar que este proceso fiscal se originó en una auditoría de 2017. De acuerdo con el órgano de control, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas.
