El 30% de los trabajadores de la rama ejecutiva vuelven a laborar de manera presencial

La directiva que expidió Presidencia habla de ‘la nueva normalidad’ a partir del 1 de septiembre.
Portal de la calle 80, en Bogotá, intenta volver a la normalidad.
Portal de la calle 80, en Bogotá, intenta volver a la normalidad. Crédito: RCN Radio

El presidente Iván Duque firmó la directiva número 7 que establece las reglas para la denominada ‘nueva normalidad’ y la entrada a un 'aislamiento selectivo' a partir del primero de septiembre.

Dicha directiva establece que el 30% de los funcionarios y contratistas de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán ir a trabajar de forma presencial, mientras que el 70% restante debe continuar trabajando desde sus hogares.

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La directiva ordena adoptar horarios flexibles de trabajo, con el fin de no generar aglomeraciones en la oficina y tampoco en el transporte público.

Incluso, dice que esas entidades deben habilitar parqueaderos para que las personas que no lo usen, puedan llegar a su lugar de trabajo en bicicleta y tengan donde guardarla.

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Con la nueva normalidad, a partir del primero de septiembre no se debe bajar la guardia frente al posible contagio del coronavirus.

Por esto la directiva expedida por el presidente Duque advierte sobre darle continuidad al “cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad”, como el uso del tapabocas, lavarse las manos constantemente y usar gel antibacterial o alcohol.

"En el mes de septiembre de 2020 entraremos en una etapa de aislamiento selectivo, con mayor reactivación y recuperación de la vida productiva del país, que tendrá como pilares nuestra disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado", dice la directiva.

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En los meses anteriores durante el aislamiento obligatorio preventivo e inteligencia, los funcionarios de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva asistían en un 20% a las oficinas mientras que el 80% trabaja desde sus hogares.

“Sin afectar la prestación de los servicios a cargo del Estado o el cumplimiento de las funciones públicas”, dice la directiva.


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