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La compañía estatal colombiana Ecopetrol denunció este martes que manifestantes irrumpieron y apagaron los campos petroleros de Rubiales y Caño Sur, en el departamento del Meta (centro), lo que puso en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.
"Personas ajenas a la operación ingresaron de forma irregular (...) a las instalaciones de inyección del PAD 6 de Campo Rubiales, la Estación Centauros y el Centro de Generación Caño Sur, ubicados en Puerto Gaitán, Meta, y obligaron a los operadores presentes a apagar de forma abrupta dichas facilidades", expresó la compañía en un comunicado.
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Según la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), los manifestantes son miembros de comunidades indígenas que "exigen la restitución de sus tierras, el reconocimiento de sus territorios ancestrales y el cumplimiento de acuerdos incumplidos por operadoras, especialmente Ecopetrol".
La petrolera, por su parte, aseguró que el ingreso de los manifestantes a los campos Rubiales y Caño Sur "ha puesto en riesgo la integridad de todas las personas presentes", además de afectar el medio ambiente y las instalaciones petrolíferas.
"Esta situación, que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, se suma a una serie de bloqueos registrados en vías internas de ambos campos desde el pasado viernes 28 de marzo, lo que impide el normal desarrollo de las operaciones, la ejecución de proyectos y la perforación que Ecopetrol tiene en la zona", agregó el comunicado.
En Rubiales y Caño Sur, la petrolera estatal tiene contratadas a más de 7.500 personas, de las cuales 3.800 podrían resultar afectadas por esta situación.
"Ecopetrol rechaza estas vías de hecho y hace un llamado al diálogo y a la construcción colectiva como mecanismo para la resolución de conflictos, promoviendo el buen relacionamiento y la transformación del territorio, con el fin de recuperar la normalidad en la región", señaló la compañía.
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Los gremios del sector de hidrocarburos en Colombia instaron al levantamiento de los bloqueos y al uso adecuado de los mecanismos de participación y el derecho a la protesta social, garantizando siempre la convivencia pacífica, el derecho al trabajo y el desarrollo sostenible del país.
"Si bien reconocemos las inquietudes y derechos de las comunidades, reiteramos que la vía para resolver sus reclamaciones debe ser el cumplimiento del ordenamiento legal y el diálogo respetuoso", manifestaron. EFE.
